La agricultura a pequeña escala practicada sobre todo por inmigrantes procedentes de los Andes a menudo es considerada el principal impulsor de la deforestación en el Perú y, por tanto, el centro de los esfuerzos políticos para evitarla. Sin embargo, los estudios oficiales de la deforestación en el país han sido objeto de numerosas críticas por su tendencia a ignorar u ocultar la influencia que tienen las industrias extractivas, el agronegocio y los programas de infraestructura a gran escala sobre las dinámicas de la deforestación. También han sido cuestionados por enfatizar las causas inmediatas o directas de la deforestación, pero subestimar o ignorar la multitud de medidas políticas, lagunas jurídicas, subvenciones y la deficiente gobernanza forestal que subyacen a estas causas inmediatas. Por ejemplo, con frecuencia se minimiza la contribución de la construcción de carreteras, pese a que aproximadamente un 75% del total de daños en los bosques de la Amazonía peruana, incluidos el 66% de perturbaciones y el 83% de deforestación, se detectó en un radio de 20 kilómetros de las carreteras más próximas.  

Por otro lado, las organizaciones indígenas del Perú no han dejado de señalar que estos análisis carecen de un enfoque que tenga en cuenta sus derechos e ignoran los efectos de la deforestación sobre los pueblos indígenas, así como su contribución histórica y continuada de estos pueblos a la protección de los bosques. También se ha observado una tendencia a generalizar y demonizar todo tipo de deforestación, sin reconocer matices ni distinguir entre la agricultura itinerante consuetudinaria de rozo y quema a pequeña escala propia de los pueblos indígenas, que ha demostrado ser reversible y sostenible, y la deforestación como consecuencia de la minería, palma aceitera y la agricultura a gran escala, que implica la eliminación permanente de áreas forestales mucho mayores. Esto aún se refleja en los actuales sistemas de vigilancia vía satélite de la deforestación o pérdida de bosques, que continúan teniendo dificultades técnicas y/o metodológicas para diferenciar entre la conversión forestal definitiva y la conversión temporal de bosques a corto y mediano plazo propios de la rotación de cultivos tradicionales típica de sistemas indígenas.

“Otra vez se ponen de 'moda' los debates, proyectos y más promesas, sobre la deforestación en la Amazonía peruana. Será quizás porque es el lenguaje necesario para conseguir financiamiento para cierta burocracia estatal, o de algunas ONG, o quizás por la COP20. Por desgracia, al mismo tiempo, a la vez que se habla más de reducir la deforestación, continúan actuando impunemente las mafias de siempre”, dice Pizango, como parte del informe 'Haciendo visible lo invisible. Perspectivas indígenas sobre la deforestación en la Amazonía peruana', que se presentó esta mañana.

El informe elaborado por Aidesep y Forest People Programme (FPP) da a conocer la ilegalidad a gran escala en el sistema de gobernanza de los bosques del Perú, el verdadero megadriver detrás de las actividades que destruyen la Amazonía peruana. Contempla datos brindados por la Oficina de Control Forestal peruana (Osinfor), que implicaría a los líderes del país en un comercio de la madera, tanto legal como ilegal, que destruye los bosques que absorben el carbono, daña la biodiversidad y desmantela las comunidades de los pueblos indígenas.

De acuerdo con los autores, estos hallazgos dan a conocer que el Estado peruano no tiene la capacidad de gobernar adecuadamente vastas extensiones de bosque sin título, que se caracterizan por comparativamente altas tasas de deforestación y un sistema anárquico de la gobernabilidad.

Según Pizango, en el Perú hay decenas de solicitudes de concesiones para palma aceitera que destruirán más de 100,000 hectáreas de bosque primario. “Se tumbaron 2,500 hectáreas de selva y no pasó ni pasará nada. De seguir así, es imposible que se pueda cumplir el convenio con Noruega”, resalta. De la palma aceitera –continúa Pizango– no se habla mucho en los debates de deforestación. Como que está 'invisible', sus promotores visitan ministerios, almuerzan con ciertos gobiernos regionales, usan de escudo a pobres colonos e incluso se disfrazan de 'sustitución de la coca'. “Igual ocurre con los gigantescos derrames petroleros, las numerosas represas planificadas, las supercarreteras, la fiebre del oro, la mafia maderera”, añade.

“En la jerga de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCC), se trata de los megadrivers, o sea los grandes motores impulsores de la deforestación y degradación, que no se quieren o no se temen tocar. Son las llamadas causas indirectas, que no significan ser menos peligrosas, sino al contrario, las que impulsan a las causas aparentemente 'directas' como es la masiva colonización de la Amazonía. Es fácil cargar la culpa sobre los pequeños, olvidando o escondiendo los cientos de millones de dólares que el Estado peruano y parte de la cooperación internacional, invirtieron y sigue haciéndolo para supuestamente la 'modernización agrícola' de la Amazonía. Antes era el cuento del 'vacío amazónico', de las 'fronteras vivas', del 'granero amazónico', y ahora es la promoción agraria de tumbar selvas, para meter papaya, cacao, café, palma aceitera, ganadería. Sabiendo muy bien que es inviable, que los suelos son débiles y que los nutrientes están en el bosque en pie”, detalla. “¿No lo saben o no les importa?”, repregunta.

Queda por ver si las promesas políticas de lucha contra la deforestación se concretan, mientras tanto mencionamos algunas de las demandas indígenas, según este informe:

* Respetar y proteger los territorios y derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la demanda indígena amazónica territorial, la titulación por pueblos y por comunidades, así como las propuestas para reservas territoriales y comunales que aún están pendientes.

* Armonizar las leyes y políticas con las obligaciones internacionales para reconocer el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento, libre, previo informado en caso de que se propongan actividades extractivas en sus territorios; territorio integral como propiedad y no solo en cesión en uso; territorio consuetudinario como propiedad; titularidad territorial como pueblos colectivos y no solo como comunidades fraccionadas. 

* Respetar y valorar (en vez de criminalizar) las denuncias y alternativas legítimas de los pueblos indígenas al ver sus bosques y derechos amenazados por reformas legislativas, nuevas políticas estatales y proyectos extractivos de gran envergadura o de conservación.

* Mejorar el acceso a la justicia para comunidades que están denunciando la destrucción o contaminación del bosque.

* Sancionar y controlar de manera efectiva la deforestación ilegal y la contaminación asociada provocadas por la minería ilegal, la tala ilegal, el cultivo de coca, el cambio de uso de tierra irregular para la agroindustria y las invasiones de tierras indígenas. Desarticular las mafias “público-privadas” que operan detrás de la deforestación y degradación forestal.

* Resolver las superposiciones entre concesiones forestales vigentes y bosques de producción permanente con los pueblos indígenas y comunidades ribereñas. 

* Implementar mecanismos de supervisión y fiscalización efectivos de las concesiones para evitar el blanqueo de la madera extraída fuera de las concesiones.

* Reestructurar el sistema de concesiones forestales permitiendo que solo continúen trabajando las empresas que no han sido sancionadas, quitando las concesiones a las empresas en las que se han encontrado faltas graves y poniendo todas las demás concesiones en moratoria mientras que haya un proceso de reestructuración supervisada.

* Cambiar los mecanismos y requisitos de titulación de predios privados para evitar el incentivo perverso de deforestar para demostrar la ocupación.

* No promover mediante leyes o en la práctica la parcelación de las tierras colectivas en lotes individuales.

* Priorizar el reconocimiento y saneamiento de las tierras colectivas de los pueblos indígenas antes de titular más predios privados e individuales, que es la categoría de tierra responsable de las tasas más altas de deforestación en el Perú.

* Reorientar los objetivos de las políticas y leyes que promueven la producción de biocombustibles y la expansión de la palma aceitera.

* Profundizar el desarrollo del concepto y la estrategia de REDD indígena amazónica, propuesto por Aidesep (junto con COICA) y aceptado por el Minam, y que recoge las demandas y necesidades indígenas para asegurar que los proyectos de reducción de emisiones no vulneren derechos indígenas y contribuyan a alcanzar la “vida plena”.

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