La Cumbre de los Pueblos no debe politizarse, afirma la vocera de la organización, Rosa Guillén. Si bien son los políticos y los gobiernos del mundo cuyas decisiones definirán si se evita o no el calentamiento de la tierra y las consecuencias negativas sobre la humanidad, la Cumbre de los Pueblos no debe convertirse en un pivote político para la formación de un movimiento con aspiraciones para las presidenciales del 2016, señala Guillén desde una salita del local donde opera su organización feminista, Género y Economía, en el distrito de Jesús María.
Los eventos que han preludiado está semana el arranque de la cumbre el próximo lunes han tenido, sin embargo, un evidente cariz político. El más visible ha sido la marcha que el martes de esta semana exigió la liberación del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, encarcelado por presuntos actos de corrupción; y cuya detención sus defensores atribuyen a una vendetta política del Gobierno por haberse opuesto al proyecto minero Conga.
En cierto modo, la politización es inevitable, admite Guillén pisando tierra, debido a la diversidad de organizaciones sociales y ambientalistas —más de 130 entre nacionales y extranjeras—, que se han apuntado para participar de la cumbre. Muchas de éstas realizarán eventos y movilizaciones paralelas a la propia cumbre que se desarrollará solo en cinco puntos de la capital, predominantemente en el Parque de la Exposición.
La razón de ser de este evento es convertirse en un contrapeso social a la Cumbre Climática de Lima (COP20) que se inició esta semana en la capital. “Conocemos cuál es el sistema dentro de las cumbre climática de las Naciones Unidas. Solo los gobiernos, ciertas organizaciones y las empresas tienen voz, pero la gente y las organizaciones sociales no disponen de un espacio para exponer sus propuestas”. Eso es justamente la Cumbre de los Pueblos, un espacio para los ciudadanos y las organizaciones sociales, afirma Guillén.
Ambos eventos se entrelazarán el próximo jueves 11 de diciembre, día en el que la comisión “política” de la cumbre entregue en la sede principal de la COP20, un documento con propuestas y compromisos, con la esperanza de que sean tomados en cuenta por la ONU. Este documento está siendo elaborado por las organizaciones agrupadas dentro del Grupo Perú COP20, la organización que convoca la cumbre y que se formó el año pasado tras conocerse que la capital sería la sede de la COP. Antes, el 10, realizarán una marcha desde el Campo de Marte hasta la Plaza San Martín donde harán un mitín donde tomará la palabra diversas organizaciones, pero principalmente la CGTP, lo cual hace augurar un discurso político para esa jornada.
El antecedente local más inmediato de la Cumbre de los Pueblos fue una reunión celebrada en Celendín, Cajamarca, en octubre pasado, bajo el mismo nombre, y en la cual no se mencionó ni una vez la frase cambio climático. Se alentó, eso sí, la formación de una red de organizaciones sociales encargadas de articular la oposición al desarrollo de los grandes proyectos extractivos en el país (que tienen un impacto sobre el ambiente, pero que no son necesariamente los causantes del cambio climático), en “defensa del agua y la madre tierra”.
“Somos conscientes de que existe una red política. No podemos botarlos ni excluirlos, porque son parte de la cumbre. Tenemos ya la experiencia del 2008 [durante la V Cumbre ALC-UE realizada en Lima], cuando se hizo una crítica sostenida a los partidos políticos y al final del evento se buscaron firmas para formar un partido político. No queremos comprometer a la gente que se aproxima para un tipo de actividad y luego se les termina ofertando otra”. Un dato no menor para referirse a la politización del evento es que la denominación Cumbre de los Pueblos es la que han utilizado las organizaciones y movimientos sociales ligados al esquema bolivariano para oponerse a EEUU en diferentes reuniones, la última de ellas en 2012, en la cita de Río de Janeiro Río+20, por la Justicia Social y Ambiental.
La cumbre recibirá en sus cinco días de actividades, según la estimación de los organizadores, dos mil personas, entre ciudadanos y delegaciones de los 80 países que han anunciado su presencia. “No estamos pidiendo que se cuide el medio ambiente, estamos buscando salvar el planeta. Se requiere un mayor compromiso de los estados y las empresas. Se deben lograr compromisos vinculantes y apostar por cambiar la matriz energética”, afirma Guillén alejándose de la política y centrándose en lo que considera debe ser el quid de la reunión: combatir el cambio climático.
“Conocemos los lobbys que existen de las transnacionales. Lo acabamos de ver en Nueva York [donde por primera vez EEUU y China anunciaron un acuerdo para frenar el cambio climático], en donde transnacionales como Mosanto [empresa comercializadora de productos y semillas transgénicas], productoras de etanol y demás movían las cosas para que no camine. Nosotros no tenemos esos mecanismos de influencia, solo tenemos la opinión pública. Sin presión pública no se dará el cambio”.
Esta cumbre será el tercer evento paralelo, y con estas características, a la Cumbre Climática que organiza la ONU. El primero se realizó en Copenhague en 2009, el segundo al año siguiente en la cumbre de Cancún (México), donde por primera vez recibió el nombre de Cumbre de los Pueblos.
Guillen puntualiza que no ha habido una línea de continuidad con las ediciones anteriores. Sin embargo, entre la Cumbre de los Pueblos de Lima y la de París del próximo año —ciudad en la que la ONU intentará lograr un pacto que reemplace al Protocolo de Kioto a partir del 2020— sí habrá puentes y sinergias. Es por ello que el grupo encargado del evento en la Ciudad Luz participará de la Cumbre de los Pueblos de Lima.
El presupuesto para realizar el evento en la capital, cuyo monto Guillén no sabe especificar, proviene de organizaciones internacionales, pero también cuentan con el apoyo del Ministerio del Ambiente (MINAM), que ha instalado las carpas donde se realizarán los talleres y los baños públicos en el Parque de la Exposición.
La cumbre de los pueblos, explica la vocera, es una iniciática nacional que tiene el apoyo de un comité de enlace internacional. “Existe 13 organizaciones promotoras (la CGTP, la CUT, la CAT, la confederación campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la organización de mujeres indígenas y campesinas del Perú, la Marcha Mundial de Mujeres, y el Grupo Perú COP20- que se forma liderado por MOCICC, también está la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Cooperacción, InClima, entre 130 organizaciones. Asimismo, participarán organizaciones internacionales como Greenpace, WWF, Justicia Climática”, finaliza Guillén.
