Alrededor de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos son deforestadas al año como consecuencia de las actividades de las grandes industrias extractivas, la palma aceitera, la ganadería a gran escala, los megaproyectos de infraestructura y de minería, así como las actividades ilegales, que no son reguladas por los gobiernos sudamericanos. Así lo informó hoy Roberto Espinoza, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en el side event Mega-Drivers developmentalists Deforestation, en la COP20.
Espinoza señaló que es imprescindible entablar mejores negociaciones e implementar procesos de titulación para los pueblos indígenas y defender su derecho a la vida, por lo que es necesario reconocer y detener a los actores de esta deforestación.
Por su parte, Maximiliano Menezes, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (COIAB), indicó que es necesario que los gobiernos sudamericanos hagan estudios de impacto ambiental para conocer el verdadero estado del efecto que tendrían los proyectos que financian las grandes corporaciones en la Amazonía, para que los Estados desarrollen políticas coherentes de inversión que no afecten a los pueblos indígenas, pues “el cambio climático, no es para 10 años como sus concesiones”.
En tanto, Henderson Rengifo, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo que “es inaceptable que sin ser los pueblos indígenas responsables, continuemos siendo las mayores víctimas de la crisis climática, por la deforestación y degradación de los múltiples usos de la tierra que se le da al territorio amazónico”.
(Foto portada: Raúl García Pereira)
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